Instituciones políticas canarias y la jaula de la ley electoral (I)

- ¿Protección de pequeñas menores o mecanismo para fragmentar poder y mantener la dependencia?

- La estructura de cabildos y la Ley Electoral crean “reinos de taifas” que bloquean reformas y facilitan clientelismo.

Las instituciones extractivas creadas para explotar a las masas y extraer rentas son malas para el crecimiento a largo plazo de una sociedad y la llevan al estancamiento y la decadencia. Por el contrario, el Estado de Derecho y las instituciones que establecen libertades económicas fundamentales y que permiten la innovación y el crecimiento son buenas para el crecimiento. 

Ya hemos visto que en Canarias hay instituciones políticas y económicas extractivas. Pero incluso si los sistemas económicos extractivos proporcionan beneficios a corto plazo para una élite gobernante, la introducción de instituciones más inclusivas, menos extracción y el Estado de derecho crearían beneficios a largo plazo para todos. Entonces, ¿por qué la élite simplemente no reemplaza el sistema económico existente?

La explicación está en los conflictos por el poder político y el problema de credibilidad entre la élite gobernante y la población. Los sistemas extractivos son mas rentables y seguros para la elite que los inclusivos donde hay competencia y movilidad social. Pasar a un sistema inclusivo hace que la elite no solo sea perdedora económica sino perdedora política, ya que ahora tiene que compartir el poder con mas gente. Las élites gobernantes no creen que el cambio les compense por la pérdida de beneficios económicos y políticos una vez que el nuevo sistema esté en vigor. Esto se conoce como el problema del compromiso; es difícil de superar y significa que las sociedades quedan atrapadas en instituciones extractivas, pobreza masiva y una élite rica.

Por eso, mientras el sistema político beneficie a las élites, la población no puede confiar en que se cumplan las promesas de una reforma del sistema económico. Pero cuando el sistema político permite a la población sustituir a los líderes que no cumplen sus promesas en elecciones libres, esto posibilita reformar el sistema económico.

Esto es lo que ocurre en las democracias pero no ocurre en Canarias. Canarias no tiene esa oportunidad porque ni es una democracia ni tiene soberanía. Y no es una democracia porque aunque votes, la ley electoral canaria está totalmente trampeada y manipulada precisamente para impedir que los canarios puedan cambiar nada. Y no tiene soberanía porque para cualquier reforma importante hay que pedir permiso a Madrid.

Las instituciones políticas están diseñadas para impedir el cambio en Canarias. No es solo que cualquier cambio de relevancia en Canarias tenga que ser aprobado por Madrid, también es necesario que los canarios sean incapaces de ponerse de acuerdo, porque eso les llevaría a unirse y plantarse en la ONU, y ese es un riesgo que España no quiere correr. Porque aunque no tenga competencias, la unión de la mayoría del parlamento le daría legitimidad democrática a las reivindicaciones canarias y cuestionaría los intereses de España en Canarias. ¿Y como impedimos eso? Pues metiendo inmigración y trampeando el diseño de la Ley Electoral al Parlamento de Canarias.  

Y no se dejaron nada en el tintero: barreras electorales elevadísimas, desproporción en los votos, numero par de diputados, prohibir expresamente que se pueda cambiar por iniciativa popular, no permitir referéndums al respecto, meterla en el estatuto de autonomía para que su cambio deba ser autorizado por Madrid. No se les olvidó nada, usaron todos los trucos sucios habidos y por haber para blindarla.

¿Y cual es el resultado? Las consecuencias son claras y repetidas a lo largo del tiempo: gobiernos débilmente cohesionados, pactos frágiles que saltan con facilidad, incapacidad para poner en marcha reformas que afectarían a intereses consolidados (suelo, turismo, fiscalidad). Muchas medidas transformadoras quedan bloqueadas por la lógica de los “reinos de taifas”: cada isla protege lo suyo, y la suma de particularismos impide políticas estratégicas de calado para todo el archipiélago.

La política canaria funciona como un archipiélago de pequeños feudos. A primera vista, la distribución insular de competencias y escaños se presenta como un mecanismo para proteger a las islas menores. En la práctica, sin embargo, esa misma arquitectura se convierte en una jaula que fragmenta el poder, multiplica las prebendas y facilita prácticas clientelares que impiden reformas estructurales.

La Ley Electoral y el entramado de cabildos generan incentivos perversos. Cuando el valor efectivo del voto varía fuertemente entre islas, el acceso al poder deja de depender de una mayoría social agregada y pasa a depender de alianzas locales, redes de favores y negociaciones gangocheras. Un escaño en la isla más pequeña se compra mucho más barato —en tiempo, recursos y favores— que uno en una isla grande. Algo tremendamente útil a la hora de parar iniciativas que contravengan los intereses españoles en Canarias mediante el soborno o la compra de voluntades. El resultado es un sistema donde el coste de influir políticamente se reduce y la política se transforma en reparto discrecional: contratos, empleo público, adjudicaciones y prebendas. Que es precisamente lo que se persigue.

A este problema institucional se suma el límite de soberanía real. Las reformas profundas de la estructura autonómica o del régimen electoral no dependen exclusivamente del Parlamento de Canarias. Cambios estatutarios significativos requieren procedimientos que trascienden el ámbito autonómico: se necesita una mayoría cualificada en el Parlamento de Canarias para aprobar la reforma estatutaria, seguida de la tramitación en las Cortes Generales —habitualmente por ley orgánica— y, en muchos casos, de la ratificación mediante referéndum de la ciudadanía. Referendums que en Canarias se pasan por alto. Ese esquema condiciona radicalmente la estrategia política local: incluso con voluntad y mayoría autonómica, la reforma puede quedar supeditada a mayorías parlamentarias estatales, intereses nacionales y dinámicas partidarias que escapan al control insular.

Esa dependencia hace que muchas iniciativas que podrían beneficiar a la mayoría queden a merced de negociaciones con Madrid o de la voluntad de partidos estatales. Las reformas que tocan el suelo, el modelo turístico o la fiscalidad encuentran no sólo resistencias locales sino también filtros y vetos en el centro del poder. En otras palabras: la camisa de fuerza normativa y la necesidad de tramitar cambios fuera del marco estrictamente canario refuerzan la extracción de rentas y la subordinación política.

Porque la forma más efectiva de mantener políticamente el control sobre un territorio implica fomentar la dependencia y obstaculizar su desarrollo. Son estrategias empleadas en contextos coloniales. Este enfoque aprovecha las vulnerabilidades económicas y políticas para garantizar que el territorio subordinado dependa del poder controlador. A menudo implica manipular el comercio, los recursos y las instituciones económicas, políticas y culturales para mantener el territorio en estado de dependencia. Al limitar su avance, la entidad controladora puede mantener su dominio, evitando cualquier desafío potencial a su autoridad y preservando sus ventajas estratégicas, incluidas las militares. Y hago énfasis en las militares porque es algo que se tiende a pasar por alto y son vitales y muchas veces se pasan por alto en el análisis.

¿Seguimos aceptando que la supuesta protección de las islas menores se convierta en el instrumento de protección de intereses particulares y foráneos, o empezamos a pensar en institucionalidad que fortalezca el archipiélago como bloque estratégico y no como suma de feudos?

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