El mito de nuestra dependencia económica de España (I)

Por Identidad Canaria

UNO de los principales mitos que han sustentado históricamente las relaciones entre Canarias y España consiste en creer que los canarios hemos sobrevivido siempre gracias a las ayudas y subvenciones del Estado y, más recientemente, también de la Unión Europea. Pero a muchos les asombraría descubrir que, por el contrario, es el Reino de España el que siempre ha hecho un gran negocio con Canarias, que aportó siempre más de lo que de él recibía tal como trataremos de explicar en este trabajo elaborado por Identidad Canaria.

Nadie cuestiona que toda empresa colonial tenga esencialmente un carácter mercantil, y así se hacía constar explícitamente en las Capitulaciones, que especificaban cómo iba a repartirse el botín de conquista entre la Corona y los conquistadores a su servicio. Por tanto, mientras los gobiernos españoles de turno consideraron oficialmente a las Islas una colonia o posesión de ultramar, que ocurrió hasta finales del siglo XIX, no cabe discutir que su destino era proporcionar beneficios a la metrópoli, ya sea mediante rentas, tributos o su aprovechamiento logístico para otras empresas coloniales de África o América.

Solo que en nuestro caso explotaron otro plus aún más productivo, como fue la utilización de nuestra población como semillero humano para consolidar territorialmente sus nuevas posesiones ultramarinas. Papel incluso asignado por ley, sin miramientos de ninguna clase, cuando en 1676 se obliga a embarcar a cinco familias canarias de cinco miembros por cada cien toneladas de mercanías a exportar, "tributo en sangre" que estuvo vigente por más de un siglo.

Lo que algunos historiadores han denominado la "esclavitud blanca", al sustituir a los esclavos negros por nuestra mano de obra barata. Paradignámticos fueron los emplazamientos de nuestra gente como barreras humanas en zonas en litigio con otras potencias, como frente a Francia en la línea fronteriza occidental de la actual República Dominicana, o frente a Portugal, en la banda oriental del río de La Plata, hoy República Oriental del Uruguay, donde los campesinos llevan el gentilicio de canarios.

Por tanto, las crisis cíclicas causadas por el derrumbe de los monocultivos, con sus secuelas de hambrunas y calamidades, que jalonaron los cuatro primeros siglos de colonización española, no se mitigaban con recursos de la Corona para remediar los padecimientos de la población, sino simple y llanamente expulsando de su tierra a quienes no pudieran subsistir por sí mismos. Miel sobre hojuelas para aquellas pretensiones imperialistas que siempre contaron con legiones de isleños, agricultores pobres y trabajadores, esperando barco en las costas canarias. Barcos que al retornar cargados con el saqueo de Indias seguían de largo para la metrópoli.

Las políticas de Estado favorables a las Islas no consistieron en aportes presupuestarios superiores a lo recaudado aquí por la Hacienda Real, sino en la concesión de instrumentos de política económica, en favor de las libertades comerciales -que no tenemos que agradecer a nadie al poderse establecer también por un Gobierno canario soberano-, tales como los fueros históricos del Antiguo Régimen: exenciones fiscales, reducciones arancelarias, no imposición de monopolios estatales, exportación directa a América al margen de la Casa de Contratación de Indias o el comercio con Inglaterra durante el siglo XIX, pese a estar en guerra con España.

Tras el fin del Antiguo Régimen vinieron otros instrumentos económicos como los Puertos Francos, reinvidicados por toda la sociedad canaria, bajo el liderazgo intelectual del ilustre tinerfeño José Murphy, como rechazo a los Nuevos Aranceles de Aduanas de 1820 y cuya concesión tuvo que esperar a que en la Villa y Corte se conmovieran con la pavorosa epidemia de cólera morbo que en 1851 mató al diez por ciento de la población de Gran Canaria en solo seis meses. Influyendo asimismo la declaración previa de Puertos Francos en Madeira y Goree (Senegal).

Franquicias que también beneficiaban de forma importante al Erario, tal como recogía la Declaración de Principios del Real Decreto de 1852: "Es un sacrificio que no se hace sin compensación y sin una esperanza más que probable de recibir con grandes creces un ulterior resarcimiento". Y tanto que sí, porque el "sacrificio" de renunciar a las rentas aduaneras y estancadas, como el tabaco, se hacía a cambio de un concierto compensatorio que obligaba al pago de un cupo anual, para el que se crearon determinados arbitrios y se incrementaron la contribución territorial y el subsidio de comercio.

Los déficits de recaudación debían cubrirse por la Diputación Provincial y Juntas de Comercio, pero los superavits eran para el Estado. Un "concierto fonil" más recaudatorio que compensatorio, pues pese a que desde 1852 a 1900 produjo un considerable superávit, la Hacienda Real reclamó los déficits de ocho de esos ejercicios y estableció para cubrirlo un nuevo arbitrio transitorio, en 1900, sobre un producto de primera necesidad como los cereales, hundiendo de paso las exportaciones de trigo de Fuerteventura. ¿Puede imaginarse mayor o menor ejercicio de usura por parte del Reino?

A las compensaciones mediante el cupo y sus superávits hay que añadir, gracias al crecimiento económico propiciado por las franquicias, el aumento exponencial de recaudación de imposición directa por una Hacienda ya bastante modernizada tras la reforma fiscal de 1845, que introdujo las Contribuciones de Inmuebles, Consumo, Industria y Comercial. Así que para el Estado, "ulterior resarcimiento" haberlo húbolo y, efectivamente, "con grandes creces".

Terminando ya el siglo XIX, solo cabe destacar como inversiones públicas las nuevas obras portuarias y el cable telegráfico, rentabilizadas también "con grandes creces" por el espectacular desarrollo de la navegación a vapor y el comercio marítimo: los dos puertos mayores incrementaron su arribada de vapores desde cien en 1863, hasta cuatro mil en 1900, convirtiéndose en auténticas "minas" facturando para Madrid.

Llegados a este punto, hagamos una reflexión sobre el gran negocio estatal de invertir en infraestructuras de transporte exterior en Canarias, que debería considerarse otra de nuestras famosas "especificidades", pues como citaremos más adelante los fabulosos beneficios generados por nuestros puertos y aeropuertos, siempre en manos del Estado, bueno fuera, constituyen desde aquellos tiempos una persistente constante histórica.

Pero si hasta ahora no hemos visto nuestra supuesta dependencia de España por ninguna parte, durante el siglo XX la veremos menos aún. Y desde los años 60, con la aparición del "petróleo" turístico, hasta la actualidad solo cabe hablar de pingües beneficios estatales, extraídos cada año de las Islas.

El arriendo británico

Por aquellas fechas de finales del siglo XIX, la Corona comienza a "transferir", sin LOTRACA que valga, su responsabilidad inversora al capital privado, principalmente británico, que asume los costes de modernización de nuestras estructuras productivas vinculadas al comercio, la actividad portuaria, la agricultura de exportación y el turismo, incluyendo infraestructuras y servicios básicos para la población como la energía eléctrica, el agua, el transporte insular e interinsular y el suministro de combustible.

Su colonia de Canarias era así arrendada por España al omnipresente comercio internacional británico, bajo la fórmula de "Invierte tú, que recaudo yo", y los canarios nos veíamos obligados a inventarnos el "espanglish" para entendernos con nuestros nuevos patrones arrendatarios: Elder, Miller, Hamilton, Fyffes, Yeoward, Wolfson, Dempster, etc. Muchos se preguntaron entonces si valieron la pena los cañonazos disparados por el "Tigre" poco más de un siglo atrás en Tenerife. La Ley de Puertos Francos de 1900, ley especial aún no derogada pero mil veces vulnerada, ratifica nuestras franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo, manteniendo el que hemos denominado "concierto fonil", pero añadiendo nuevas figuras impositivas para satisfacer el cupo y cediendo la gestión de su recaudación, en principio, a asociaciones interinsulares de gremios empresariales, hasta que Hacienda rescinde unilaterlamente en 1907 el concierto vigente durante cincuenta y cinco años y asume directamente la recaudación, tras comprobar cómo había crecido exponencialmente ante la febril actividad comercial sobrevenida. Lo que naciera como instrumento meramente compensatorio, devino en feroz máquina de recaudación estatal para materializar el "ulterior resarcimiento" ya anunciado por Bravo y Murillo en 1852.

Para mayor tranquilidad del Tesoro -muy ocupado en financiar las aventuras expansionistas en el que sin rubor llamaban "Protectorado" de Marruecos-, en 1912 se crean los Cabildos Insulares, dotándose de fondos propios a través de los nuevos Arbitrios, que, compartidos con los Ayuntamientos, sirvieron para asumir obras públicas como caminos, carreteras, embalses, centros de enseñanza, sanitarios y de beneficencia, entre otras infraestructuras básicas para la población que complementaron las citadas inversiones extranjeras.

La modernización del transporte marítimo en esta etapa, que podríamos denominar del "arriendo briánico", comienza a poner en valor -de verdad- nuestra renta de situación, principal riqueza que atesoramos, gracias al capital privado -no estatal- extranjero, español y canario, que propicia, en el marco de la libertad de comercio, un desarrollo económico importante; agricultura de exportación en contra temporada europea, industria tabaquera al margen del monopolio, industria pesquera dependiente del cercano banco sahariano, pujante comercio triangular internacional, plataforma de servicios logísticos -bancos, aseguradoras, telecomunicaciones- y nuevas instalaciones hoteleras para el turismo de cruceros o de invierno, sin desdeñar una agricultura e industria agroalimentaria de autoabastecimiento de cierta relevancia.

Este modelo de desarrollo, autónomo respecto del modelo español, apenas se vio afectado por las convulsiones de la época como la Primera Guerra Mundial o la crisis financiera del 29, y como exponente de las sinergias generadas al combinarse nuestra privilegiada ubicación con las franquicias y exención de monopolios, en 1930 la compañía privada Cepsa construye aquí la refinería de petróleos más antigua del Estado y principal suministradora de buques, con cuyos beneficios se crea en 1969 la de Algeciras y adquieren más tarde la de Ertoil, en Huelva. ¿Cuántos puestos de trabajo, rentas empresariales y fiscales para el Estado se crearon en Andalucía gracias al esfuerzo canario?

No obstante, era un modelo con limitaciones, pues nuestro alto índice de natalidad, los períodos de sequía y el atraso de las zonas rurales y de las Islas poblacionalmente menores, siguieron propiciando la sangría migratoria hacia el Caribe y Sudamérica.

Para valorar la decisiva intervención del capital extranjero en nuestro desarrollo, citaremos un sector estratégico como la generación de energía eléctrica: Unelco (Union Electric Company) es creada en 1930 por una compañía de Chicago, por fusión de la CICER (Compañía Insular Colonial de Electricidad y Riego), de 1928, y capital alemán, y la Sociedad de Electricidad, de 1899, y capital belga. ¿Dependencia de España? En el "lenguaje" de nuestros abuelos cabe decir que "papá" Estado continuó "misin" en Canarias durante el primer tercio del siglo XX, mientras sus delegaciones de Hacienda y demás órganos recaudadores trabajaban a "fultáin".

La II República española, en apenas un lustro de inestabilidad política, con continuos cambios de gobierno, poco afecto nos pudo demostrar, hasta que el galleguito revoltoso que nos colocaron en Capitanía armara la marimorena.

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