El mito de nuestra dependencia económica de España (II)

Por Identidad Canaria


¿Y QUÉ nos trajo la Dictadura, además de una feroz represión contra nuestros republicanos y la pérdida de las libertades políticas? En Identidad Canaria lo tenemos claro: obligarnos a pagar un mayor coste por nuestra españolidad. Durante el período de excepción bélica, prolongado hasta 1945 por el conflicto mundial, el nuevo régimen establece un férreo control estatal sobre el comercio, "para garantizar las tareas del abastecimiento y la reconstrucción nacional", política intervencionista que se mantiene en la postguerra pese a cesar las causas excepcionales que supuestamente la justificaron.

Comienza así el desmantelamiento de nuestras franquicias, con la imposición de los Regímenes de Comercio de Estado -RCE- (1936), el monopolio de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes -CAT- (1939), el Mando Económico de Canarias (de 1941 a 1946), los Impuestos de Usos y Consumos (1940), las Ordenanzas de Aduanas (1947), el Impuesto General sobre el Gasto, el Lujo y de Compensación (1957), la Ley Arancelaria (1960), que liquida la franquicia administrativa, es decir, los Puertos Francos como tales, y la de Reforma Tributaria de 1964.

Batería -valga el término militarista- de disposiciones claramente ilegales por transgredir la no derogada Ley de Puertos Francos de 1900, que queda reducida en la práctica a meras exenciones arancelarias y algunas excepciones en la aplicación de los RCE, como a los productos petrolíferos y el tabaco en rama. Tanto el Supremo como algunas Salas de lo Contencioso sentenciaron en varias ocasiones contra dichas vulneraciones, aunque siguieron aplicándose sin problemas. Sabido es que Montesquieu y su separación de poderes, no suscitaba mucho entusiasmo en las filas del régimen.

Los sucesivos decretos y leyes dictatoriales nos obligaban a consumir "por narices" bienes y servicios estatales o monopolizados, de peor calidad y más caros que en el mercado internacional. Valgan como ejemplos el trigo y las harinas, que se importan por la CAT, así como los azúcares, que mantienen en las Islas el precio estatal para proteger su producción remolachera; se prohíben las licencias de importación de aceites alimenticios y alcoholes, también para proteger la producción española, y se ratifica la reserva para las navieras españolas del tráfico marítimo con el Estado e interinsular, que había impuesto Primo de Rivera en 1925, ampliándola después al tráfico aéreo, con Iberia-Aviaco.

Citada ya la nada benéfica desnaturalización de nuestras franquicias por la Dictadura, en Identidad Canaria queremos exponer nuestro particular "Cuéntame cómo pasó" sobre el supuesto papel benefactor -en obras estatales y conquistas sociales- que se atribuye al franquismo en Canarias, durante la autarquía española, que se extendió hasta 1959.



Cabe recordar previamente que en las Islas no hubo contienda militar, por lo que el modelo ya descrito, surgido del " arriendo británico", siguió vigente después de 1936, aunque el brusco tránsito desde la "cuasi" ausencia del Estado hasta una sobredosis del mismo produjo retrocesos en la agroexportación o el comercio y las empresas extranjeras fueron cambiando de manos a capital canario y español.

Dicho quedó que de 1941 a 1946 nos impusieron el Mando Económico de Canarias, acaparando Capitanía todas las funciones de planificación e inversión pública, principalmente en carreteras, obras hidráulicas, vivienda, grupos escolares y algunos equipamientos sociales, obras -en ciertos casos- emblemáticas como las barriadas García Escámez de Santa Cruz y Las Palmas, la Recova o los hoteles Mencey y el nuevo Santa Catalina, y -en otros casos- prepotentes e inútiles como los monumentos glorificadores del golpe.

Estas inversiones se financiaron con los impuestos generados por nuestra actividad económica, la participación de los Cabildos, el capital privado y las suscripciones populares, con trabajo voluntario y trabajos forzados de presos políticos incluidos, pues muy poco cabía esperar de las escuálidas arcas estatales de la postguerra. Si se nos permite el juego de palabras, "el Mando mandó, sin que nadie se lo mandara, con los recursos que nos mandó mandarle".

Tras la Segunda Guerra Mundial, al disolverse el Mando, España continuaba siendo un Estado mendigo y acorralado, que solo podía ofrecer compartir sus miserias, teniendo los Cabildos y la iniciativa privada que asumir la terminación de muchas obras iniciadas, sobre todo, embalses, canales de riego y carreteras.

No obstante, la necesidad del régimen de lavar su imagen para suavizar los efectos del bloqueo internacional, evitando incluso una eventual intervención de los Aliados en España para restaurar la democracia, dio algunos frutos en determinadas políticas sociales. En julio de 1945, cuando ya se vislumbraba la derrota fascista, Franco promulgó el Fuero de los Españoles, que conlleva la implantación de la Seguridad Social, la Mutualidad Agraria, el Montepío y el Régimen de Autónomos, legislación social que en lo normativo poco tenía que envidiar a sus homólogas europeas, aunque sí mucho en prestaciones y dotación económica.

Además, eran tiempos en que el capitalismo desarrollado necesitaba modernizarse, de una parte, porque históricamente "ya tocaba" y, de otra, por el ascenso del comunismo, con el que competía abiertamente en el seno de los sectores populares. En 1944 la OIT asume como su Carta la Declaración de Filadelfia, gran avance para los derechos laborales; a finales de 1945 se funda la ONU, quedando excluida España, y en 1948 se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un contexto mundial, en suma, al que el franquismo -capitalista al fin- ni podía ni le convenía sustraerse. Aunque no llegara a aceptar el derecho de huelga y la libertad sindical.

Pese a todo, no se debe a aquel "lifting" populista, que las democracias nunca se tragaron, el deshielo de las relaciones internacionales españolas, sino a la aparición del fenómeno de la guerra fría en 1947, verdadera campaña providencial para un régimen al borde del K.O. Tiempo le faltó entonces a Franco para proponerle a EEUU acuerdos bilaterales, con bases militares incluidas "en la Península, Baleares y las Canarias" -cariñito que el Caudillo nos tenía- "en defensa de nuestra civilización y contra el comunismo ateo".

En principio, Washington los rechaza, pero al estallar la guerra de Corea, en 1950, se decanta a su favor seducido por la ubicación estratégica de España y despliega su apoyo diplomático para incluirla en el entramado político-militar occidental. En ese mismo año la ONU autoriza abrir embajadas en Madrid y llegan los primeros créditos USA, firmándose en 1953 los Convenios Bilaterales, en los que los americanos no aceptan incluir bases en Canarias, como tampoco la utilización de las de Rota y Morón durante la Guerra de Ifni en 1967, hechos ambos dignos de una reflexión más profunda. Finalmente, es aceptada España en la ONU en 1955 tras una década de marginación.

En 1959, con una Hacienda en bancarrota, agotadas las reservas de divisas e internacionalmente en suspensión de pagos, colapsa la autarquía, aceptando Franco -a regañadientes- un cambio en la política económica, hacia una mayor integración en el comercio internacional y comenzando así realmente la recuperación económica española.

No se está negando una cierta modernización durante el período autárquico, aunque la industrialización, como principal consecuencia de la sustitución de importaciones, apenas tuvo efectos en las Islas. Sí lo tuvieron otras actuaciones como centros sanitarios, residencias sociales, "casas baratas" o centros de enseñanza media y superior. Inversiones, igual que citamos con referencia al Mando, para cuya financiación el Estado extraía suficiente recaudación en Canarias.

Pero si ampliamos el "zoom" al resto de Europa occidental, se comprueba que la modernización española resultó muy modesta en comparación con la de sus vecinos. La primera década de postguerra mundial significó para Europa el mayor período de crecimiento económico de su historia, superando rápidamente sus niveles anteriores a 1940, sobre todo gracias a la ayuda americana de 13.000 millones de dólares, entre 1947 y 1951, conocida como Plan Marshall, del que España quedó excluida.

Y contrariamente a lo que suele suponerse, los 465 millones de dólares de los Convenios Bilaterales con EEUU -de 1954 a 1957- resultaron un fiasco como ayuda al desarrollo, aplicándose sobre todo a fines militares. Solo quedó el consuelo de Perón -"¡qué grande S.O.S.!"-, contribuyendo a matar el hambre española por aquellos tiempos.

En consecuencia y respecto a las tesis, motivo de este trabajo, no creemos discutible que Canarias poco pudiera depender económicamente de la España famélica, arruinada y aislada que nos tocó soportar de 1936 a 1959. Y si algún nivel de dependencia se generó, fue forzada por leyes y decretos dictatoriales e intervencionistas, que asfixiaban nuestro singular modelo de desarrollo basado en las franquicias.

El turismo de masas

Y en eso apareció el "petróleo" del turismo de masas, dicho sea con evidente intencionalidad, al significar una importante fuente de recursos que debemos -de nuevo- a nuestra principal riqueza, la "renta de situación", por combinarse la relativa cercanía de los países emisores de nuevos consumidores de ocio europeos con nuestro clima privilegiado. Pero dicho también por su posible compatibilidad o no con el otro petróleo de verdad, que parece descubrirse cerca de nuestras costas.

Para Identidad Canaria, el cambio iniciado con la década de los 60 hacia el actual modelo de desarrollo, basado en la nueva -decimos bien- "industria exportadora" turística, aún con sus fugas de valor y daños colaterales, convierte a las Islas en un país próspero, patentizándose aún más su inexistente dependencia económica del Estado, que -por contra- aprovecha para incrementar aquí su expolio fiscal y financiero y convertirnos en nueva colonia de mercado para sus exportaciones.

Prueba irrefutable del relevante crecimiento económico propiciado por el cambio de modelo, y sin entrar a valorar la equidad del reparto de beneficios, fue la captación masiva de capitales foráneos y, sobre todo, la inversión del saldo migratorio, por la que Canarias deja de ser emisora de emigrantes -por primera vez en casi cinco siglos de ocupación española- y se convierte en tierra de promisión para centenares de miles de inmigrantes. Fenómenos relacionados con los factores capital y trabajo, que solo pueden darse donde se genera riqueza y crecimiento económico, y no en las economías supuestamente subvencionadas.

El mito de nuestra dependencia económica de España no resiste un análisis serio y objetivo de nuestro desarrollo histórico, desde la invasión castellana del siglo XIV hasta la actualiad. Hoy, cuando la metrópoli vuelve a protagonizar un nuevo ciclo de depresión económica, tan recurrentes a lo largo de su triste historia de frustrada potencia colonial, consecuencia de su propia incapacidad, incompetencia y falta de liderazgo intelectual y moral, Canarias continúa padeciendo el expolio de sus recursos por parte de ese Estado económicamente fallido.

La Agencia Tributaria a través de la imposición directa -visible e invisible- e indirecta, la Seguridad Social, las empresas públicas de naturaleza inversora -AENA, Puertos del Estado, ONLAE, etc.- y las rentas laborales, empresariales y fiscales generadas en España por nuestras importaciones, tras convertirnos en su mercado cautivo, recaudan anualmente miles de millones de euros de beneficios netos para el Estado en Canarias, en torno al 10% de nuestro PIB, según estudios recientes.

Un Estado arruinado que igual que antaño nos utlizara en su expansión ultramarina para consolidar sus posesiones coloniales, como plataforma logística y semillero humano, trata ahora de ganar protagonismo internacional a costa nuestra, intentando extender el expolio de nuestros recursos a los hidrocarburos de nuestros fondos marinos y mercadear con nuestra posición geoestratégica para implicarnos en conflictos africanos. Buscan así obtener compensaciones que alivien su desesperada situación económica y rehabilitar de paso su desprestigiada marca España en el mundo, todo a costa de Canarias.

Lejos de depender de España, Canarias contribuye de forma neta a la reducción del déficit y deuda pública estatales, mientras nos bloquean la implementación de un modelo de desarrollo más próspero, basado en nuestras históricas franquicias aduaneras, administrativas y fiscales sobre el consumo, y la ausencia de monopolios y oligopolios. Que valorice nuestra envidiable renta de situación para impulsar economías de plataforma, al servicio de la cooperación y el desarrollo en nuestra área natural de influencia tricontinental. Que nos permita desarrollar políticas propias agrarias, pesqueras, industriales, comerciales y del resto de los servicios, incluidos los financieros, con instrumentos de política monetaria propios.

Ya adentrados en pleno siglo XXI, el pueblo canario no debe albergar ningún complejo de dependencia económica respecto de España. Aun con las limitaciones impuestas por el régimen neocolonial que padecemos, Canarias es un país próspero con una renta por habitante del nivel medio europeo y alto mundial. Niveles que podrían equipararse al de los países más avanzados si pudiéramos desarrollar nuestras verdaderas potencialidades económicas, muy superiores en términos de PIB/habitante -no nos quepa duda- a los del mismísimo Estado español, hoy en quiebra absoluta, suplicando clemencia arrodillado ante sus socios europeos.



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