Argelia, Canarias y la OUA


Por Juan Karlos Perez Alvarez, redactor en el blog arabatik


La situación de las Islas Canarias ha jugado un papel influyente en la evolución del conflicto saharaui. La presencia española en esta región norteafricana y la postura adoptada por su Gobierno ante el proceso de descolonización del Sáhara Occidental hubiera probablemente sido otra de no ser por las consecuencias de naturaleza política, económica y social que iba implicando para este archipiélago todo lo que sucedía en su entorno geográfico más cercano.


El Movimiento para la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario surgía en el año 1964 cuando su principal líder, Antonio Cubillo, residía en Argel. Cuatro años más tarde, el Comité de Liberación de la Organización para la Unidad Africana, según una propuesta patrocinada por Argelia, declaraba que todas las islas alrededor de África, incluida Canarias, formaban parte de este continente.

Coincidiendo con la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid en Noviembre de 1975, donde España anunciaba su salida del territorio del Sáhara Occidental, el Gobierno argelino concedía una emisora de radio al movimiento independentista canario La Voz de Canarias Libre que emitía desde la capital de este país y que provocaba el primer incidente importante entre el gobierno argelino y español. Más adelante, a principios de 1977, escasas semanas antes de que el Frente Polisario realizara el primer ataque marítimo contra embarcaciones españolas (Pinzales, 7 de Abril de 1977), el MPAIAC anunciaba oficialmente el comienzo de la lucha armada en respuesta a la presión que España ejercía ante Argelia para el cierre de la emisora. (Diario de Avisos, 3 de Marzo de 1977, p. 1)

Sin embargo, los acontecimientos se agravaron cuando en febrero de 1978, una reunión del Consejo de Ministros de la OUA celebrada en Trípoli acordaba trasladar a la siguiente cumbre de jefes de Estado y de Gobierno prevista en Julio de aquel año, un texto en el que, como aspecto más importante, proponía trasladar al Comité de Descolonización de Naciones Unidas la petición de que Canarias se incluyese como Territorio No Autónomo. La resolución, que profundizaba en la declarada por el Comité ad hoc en 1968, era aprobada con el apoyo de 47 países africanos y el rechazo de sólo dos, Marruecos y Mauritania. Francia y Portugal también protestaban esta decisión, que afectaba a sus territorios insulares en este continente.

No sólo era el papel tradicional de apoyo a los movimientos de liberación africanos lo que motivaba el apoyo argelino al movimiento independentista canario. El conflicto del Sáhara Occidental subyacía en la posición adoptada por aquel país con respecto a Canarias y su status dentro de la Organización para la Unidad Africana tal y como lo ponía de manifiesto la cadena de reacciones promovidas desde Argel cuando una decisión en España afectaba los intereses del Frente Polisario.

La primera intervención de Antonio Cubillo ante el Comité de Liberación de la OUA para defender la postura del MPAIAC en Febrero de 1978 tenía lugar el mismo día que el Parlamento español ratificaba el acuerdo de pesca hispano-marroquí, calificado por el Frente Polisario como una declaración de guerra. En realidad, la razón que motivaba la expulsión de España de dos de sus responsables de entre nueve saharauis más -según el Ministerio del Interior, por causas de orden público y de extranjería (La Provincia, 1 de Marzo de 1978, p. 36) – no era consecuencia estricta de estas amenazas, sino era también la respuesta española a la intervención diplomática de Argelia ante la OUA patrocinando al MPAIAC. España enviaba a Argelia una señal de cuál podía ser su actitud con respecto al Frente Polisario.

El Gobierno español fue consciente de la gravedad de la situación. Instituciones, partidos políticos y medios de comunicación rechazaron de manera unánime lo que se consideraba un ataque a la integridad territorial de España, denunciando la postura de Argelia.

Marruecos, comprometida por el conflicto del Sáhara Occidental, manifestó a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Bucceta, su rechazo a esta resolución, abogando por la “hispanidad” de Canarias. Rabat acusó al gobierno argelino de apoyar “organizaciones independentistas ficticias que utilizaba como marionetas según sus intereses en la región”, equiparando al Frente Polisario y al MPAIAC. Las aspiraciones de Rabat sobre Ceuta y Melilla y una serie de declaraciones controvertidas sembraron también las dudas sobre cuál eran las pretensiones marroquíes sobre Canarias, que eran aclaradas a través de un comunicado por el propio Gobierno de aquel país. En el mismo sentido de apoyo a la hispanidad de Canarias se expresó el Gobierno de Mauritania a través de una nota oficial.

La respuesta de España pasó por un despliegue diplomático en África sin precedentes, intentando contrarrestar la corriente de apoyo político que recibía el MPAIAC. Sin embargo, el grave atentado que Antonio Cubillo sufría en Argel el 6 de Abril de 1978 marcó un punto de inflexión. La agresión no sólo le impidió continuar su campaña política de cara a la cumbre decisiva del mes de Julio, sino que, más importante aún, le causó graves y permanentes secuelas físicas -que se mantienen a día de hoy- y le obligó pasar un largo periodo de convalecencia retirado de la actividad política y diplomática, etapa aprovechada con éxito por Madrid. Este suceso provocó un incidente diplomático más entre España y Argelia, después de que éste país hiciera responsable al Gobierno español de la agresión. Madrid acusaba a Argel de apoyar una “organización terrorista”, mientras que la prensa oficial argelina denunciaba duramente el “colonialismo español” en África y la acción cometida en su país contra el dirigente independentistas canario. Argel sabía, al igual que el gobierno español, que la desaparición de Antonio Cubillo implicaba la desarticulación del MPAIAC, y con ello, limitaba la capacidad de maniobra argelina para presionar a España.

El gobierno español tenía abiertos dos frentes distintos, Frente Polisario y MPAIAC, unidos por un mismo hilo conductor, el Gobierno argelino, que influía en ambos. De los dos, la máxima preocupación se dirigía sin lugar a dudas a contener el incremento de apoyos al independentismo canario y evitar que este dossier pasara a través del Grupo Africano ante Naciones Unidas al Comité de Descolonización de la ONU. La polarización entre los bloques este-oeste y la escasa influencia internacional de España hacían imprevisible lo que ocurriera en Nueva York. Una resolución declarando a Canarias como Territorio No Autónomo habría sido definitiva para el futuro de este territorio.

En este contexto, con Antonio Cubillo anulado y luchando por su supervivencia en un hospital de Argel, el Frente Polisario dio un paso más en su estrategia de presión con el asalto y secuestro de los ocho tripulantes del pesquero canario Las Palomas el 21 de Abril de 1978, dos semanas después del atentado contra Cubillo y en plena crisis diplomática hispano-argelina. El impacto que sufrió Canarias, que seguía sin aceptar el ciclo de agresiones que durante muchos años más tendrían que seguir sufriendo sus pescadores, obligaba nuevamente a España a adoptar decisiones inmediatas, fundamentalmente en el plano diplomático.

El 26 de Junio de 1978, el presidente español Adolfo Suárez se entrevistaba en Rabat con el rey Hassan II y le agradecía el apoyo de Marruecos ante la OUA a la soberanía española sobre Canarias. Dos días después, Suárez recibía en Madrid al presidente Valery Giscard d’Estaing, que también ofrecía las garantías de Francia de intervenir favorablemente a los intereses de España en lo que concernía a las islas. Suárez no aceptaba desplazarse a Argelia dada la responsabilidad de este país en los dos incidentes que afectaban gravemente a España e involucraban directamente a aquel gobierno: Canarias en la OUA y la privación de libertad de los secuestrados.

Por su parte, Argel quería elevar al máximo nivel el rango de su interlocución con España y aliviar la cuestión de Canarias pero, en substancia, alcanzar un compromiso más importante de Madrid sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Sostener el apoyo al MPAIAC resultaba cada vez más costoso y más difícil de justificar, tanto por el rápido deterioro interno que mostraba la organización canaria, como por la fuerte actividad de España en el continente africano, con delegaciones oficiales viajando cada semana a un país diferente para explicar la postura de España y la situación del archipiélago.

Las gestiones con Argel se hicieron más intensas. Durante la reunión preparatoria del Consejo de Ministros de la OUA para definir los contenidos finales de cara a la cumbre, algunos países africanos como Senegal o Túnez rebajaron su postura respecto a Canarias, tema que aún así, estuvo finalmente en el Orden del Día de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno pero modificaciones substanciales con respecto a la resolución de Trípoli.

El último golpe de efecto del Frente Polisario y Argelia fue la presentación ante los medios de comunicación, a escasas 48 horas de la cumbre y durante las sesiones preparatorias del Consejo de Ministros de la OUA que elaboraba el texto final sobre Canarias, de los pescadores retenidos por la guerrilla saharaui desde hacía tres meses. La fotografía de las ocho personas, vestidas con la vestimenta tradicional saharaui en el desierto, se entremezclaba con los debates intensos que estaban teniendo lugar en Jartum sobre el futuro político de Canarias y que habían puesto a la diplomacia española en su momento más delicado. En una estrategia calculada, los pescadores denunciaban que se sentían abandonados por el Gobierno español, que no hacía lo suficiente para liberarlos, trasladando este malestar a la sociedad canaria que a su vez, exigía la implicación personal del presidente Suárez. El Gobierno español se negaba a mantener una interlocución con el Frente Polisario, a quien no reconocía. Aunque el objetivo aparente era tranquilizar a las familias de las víctimas, la sociedad española recibía aquel gesto de exhibición de los prisioneros de guerra como un obsceno mensaje político de Argel a Madrid.

Finalmente, la propuesta sobre Canarias no obtuvo los dos tercios de votos necesarios para ser aprobada: del total de 49, treinta países, entre ellos Argelia y Libia, apoyaron la independencia de Canarias y el reconocimiento del MPAIAC como Movimiento de Liberación Nacional; quince mostraron su rechazo, entre los que se encontraban Marruecos, Mauritania, Cabo Verde, Egipto y Túnez. El MPAIAC no alcanzó su objetivo al producirse cuatro abstenciones que resultaron decisivas.

Sobre la cuestión del Sáhara Occidental, después de un intenso debate dividido entre dos bloques de países alrededor de Argelia y de Marruecos, se decidió volver a discutirla en el futuro con una reunión monográfica. De la cumbre, el Frente Polisario no consiguió su reconocimiento oficial como parte en el conflicto; sin embargo, del secuestro de los ocho pescadores españoles, sí logró que el primer partido del gobierno de España, Unión de Centro Democrático, a través de su secretario de relaciones internacionales, Javier Rupérez, firmara en Octubre de 1978 un comunicado conjunto donde se le reconocía como “único y legítimo representante del pueblo saharaui en lucha”. Sólo así la guerrilla saharaui accedió a liberar a sus prisioneros de guerra retenidos desde hacía seis meses en los campamentos de refugiados de Tinduf.

El Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia de Canarias, sin Cubillo, fue incapaz de contrarrestar la acción de España. Sus expectativas quedaron muy debilitadas por las resoluciones de Jartum, que concluyó, excusándose en falta de tiempo para debatir más en profundidad, pidiendo más información sobre el dossier canario y retrasando una decisión final a posteriores reuniones. La cuestión canaria no se cerró, pero siguió dependiendo del empuje que recibiera de Argel. Argelia fue moderando en los meses posteriores sus gestos al independentismo canario al mismo tiempo que el Frente Polisario se iba desmarcando y encontrando más sensibilidad española a sus intereses. Gracias al incidente de Canarias en la OUA y la repetida actitud de Argelia desde los Acuerdos de Madrid, España fue más consciente que nunca de su fragilidad en África y que el futuro del conflicto del Sáhara Occidental estaba íntimamente ligado al destino y a la estabilidad económica y política de Canarias.

España normalizaría lentamente las relaciones con Argelia y el presidente Suárez visitaría Argel en Mayo de 1979. Aprovechando ese momento, se celebró un encuentro histórico entre el presidente español y el secretario general del Frente Polisario, Mohamed Abelaziz, aunque Madrid advirtiera que lo hizo en calidad de presidente de su partido político. Durante este viaje no se realizó ninguna gestión con respecto al asesinato de siete pescadores del Cruz del Mar en Noviembre de 1978 y la detención de los terroristas. Dos dirigentes de la guerrilla saharaui se encontraban por aquel entonces en busca y captura por orden judicial de las autoridades militares españolas, uno de ellos con residencia conocida en la capital argelina.

En el 1980, el Frente Polisario iniciaba una oleada masiva de secuestros a pescadores de diferentes nacionalidades con el objeto de internacionalizar el conflicto y conseguir de los países afectados un reconocimiento oficial a la República Árabe Saharaui Democrática. El mayor secuestro colectivo por motivaciones políticas en la historia de España (treinta y ocho personas retenidas al mismo tiempo en un periodo de cautiverio de dos a seis meses de las tripulaciones del Gargomar, Costa de Terranova, Sarita y un marinero del Cabo Jubi-II) culminó con el establecimiento de conversaciones directas entre emisarios del Gobierno español y el Frente Polisario, y a través de la firma de un comunicado conjunto, el reconocimiento de éste como “representante del pueblo saharaui”. Este acuerdo conllevaba un pacto implícito de no más atentados en el mar contra embarcaciones españolas que se prolongó hasta 1984. Como medida de preventiva de protección, el Gobierno español arrendaba aquel año dos pesqueros y los “dotaba adecuadamente” para que actuaran en zonas que correspondían a las de máxima concentración de pesqueros.

Una visión más profunda de la relación existente entre el conflicto del Sáhara Occidental y las variables de Argelia, Canarias y la Organización para la Unidad Africana, también debe referirse al servicio decisivo que sin quererlo ni saberlo, prestaron sacrificadamente los pescadores españoles víctimas de agresiones en las aguas del Sáhara. No fue una instrumentalización de la vida de aquellas personas, pero sí fue un elemento relevante en la toma de decisiones. Es un error ignorar o simplificar el análisis.

El margen de maniobra de España con respecto a Canarias y el Sáhara Occidental, y por extensión, con Argelia y Reino de Marruecos, era tan reducido y tan complejo que la implicación del Ejecutivo español con respecto a uno y otro dossier debía ser milimétricamente medida. Las víctimas de atentados marítimos o de secuestros, en otras condiciones, habrían recibido sin lugar a dudas otro tratamiento y otra respuesta política y hasta penal acorde con los principios democráticos reconocidos en las leyes. Pero esta situación era también utilizada por el Gobierno español para dosificar y equilibrar sus relaciones con las dos partes en conflicto: a una la responsabilizaba de la agresión; a la otra de no haber sido capaz de impedirla.

Sin embargo, España no se enfrentaba en última instancia al Frente Polisario, sino a la capacidad e influencia de Argelia en la región, y en particular en África. La incertidumbre de que Canarias volviera a ponerse en el objetivo de la poderosa maquinaria diplomática argelina estuvo muy presente en aquellos años.

Cuando Felipe González accedía a la presidencia del Gobierno de España en 1982, el independentismo canario había perdido totalmente su capacidad de maniobra. En consecuencia, el Gobierno español se veía más liberado ante Argelia para adoptar una posición de fuerza con respecto al Frente Polisario, advirtiéndole severamente que no admitiría nuevas agresiones. Cuando éstas se reprodujeron en 1984, González no dudó un instante en adoptar medidas contundentes, la más importante, cuando decreta la expulsión en Septiembre de 1985 de todos los responsables del Frente Polisario de España y el cierre de sus oficinas en este país, algo que ya había realizado Francia anteriormente cuando el Frente Polisario secuestró a nacionales de aquél país en territorio de Mauritania en el año 1977.

Años más tarde, en 2003, Antonio Cubillo sería reconocido por instancias judiciales españolas como víctima de terrorismo, con derecho a recibir una indemnización económica. En términos políticos y penales, quedaba demostrado que la operación para asesinarle -diseñada desde instancias próximas al Gobierno español- había sido un golpe irreversible para el MPAIAC relevante con respecto al desarrollo del conflicto del Sáhara Occidental.

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